Miembro del Consejo -
Carla Maria De Silva es una abogada con amplia experiencia en banca y servicios financieros. Posee una amplia experiencia en el dinámico sector FinTech, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Como abogada centrada en resultados, ejerció un liderazgo sólido durante años, asesorando en el diseño de productos y servicios financieros innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y las pequeñas empresas. Su fortaleza reside en aprovechar la innovación tecnológica para el cumplimiento normativo como ventaja competitiva, reduciendo eficazmente la brecha entre los requisitos legales y las exigencias prácticas que enfrentan proveedores y consumidores.
Carla está profundamente comprometida con la participación comunitaria y la justicia social. Cofundó el Grupo de Recursos para Empleados LatinX de Block, Inc., una comunidad centrada en la comunidad latina dedicada a impulsar el empoderamiento económico mediante el desarrollo profesional, la creación de redes y el liderazgo, tanto dentro de Block como en la comunidad en general. Fue copresidenta del Comité Pro Bono de Block, donde se centró principalmente en brindar apoyo legal mediante clínicas temporales de inmigración en el Valle Central y el Área de la Bahía de California, apoyando las necesidades de naturalización y asilo de las comunidades inmigrantes locales. Estas clínicas pro bono también brindaron asistencia legal crucial a inmigrantes propietarios de pequeñas empresas, abordando cuestiones de derecho laboral, planificación empresarial, licencias, negociación de contratos de arrendamiento, contenido en línea y marcas registradas.
Carla es Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara y aporta una sólida experiencia legal interna en diversos sectores. Su labor de defensa va más allá de sus responsabilidades profesionales, colaborando activamente como voluntaria con diversas organizaciones sin fines de lucro a lo largo de los años. Sigue dedicada a utilizar su experiencia legal para servir a comunidades resilientes que merecen ser reconocidas y valoradas. Su bilingüismo y su profundo conocimiento de los marcos regulatorios y las necesidades de la comunidad la posicionan en una posición única para contribuir a una gobernanza organizacional que prioriza la excelencia en el cumplimiento normativo y el impacto social.
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